Azúcar, alcohol y residuos cloacales: una eterna historia de contaminación

Hace más de tres décadas que se denuncia la contaminación de la Cuenca Salí-Dulce, que asienta sus riberas en cinco provincias del norte argentino, a las que provee de agua potable, para riego, uso industrial y recreativo, y que posee uno de los humedales más importantes del país. Esta es la historia de personas que luchan para que cese la contaminación, aún a costa de sus propias vidas.

Por Daniela Cordero*

1. La querellante

Después de terminar de almorzar, Mariel hace un llamado y le pregunta al hombre del otro si nos acompañaría a hacer el recorrido por los pozos. Recibe una afirmativa. Después nos mira divertida y dice:

_Así no pueden salir a los lugares a los que vamos; primero porque vamos a pisar mierda y ese olor se pega en todo, y segundo porque no podemos llamar la atención.

Ella es Mariel, María Elba Ledesma. Tiene 57 años, es madre de dos, tucumana por adopción, vecina del barrio CGT y única querellante civil contra la SAT (Sociedad de Aguas de Tucumán). Jovial y risueña, no deja de hablar todo el tiempo de lo que ella llama sus investigaciones y denuncias contra el organismo que tiene a cargo el agua potable y las cloacas de la provincia de Tucumán.

Afuera nos espera “Oscar”, le vamos a decir así porque nos pide reserva de su nombre. Vecino de la zona, será el chofer y encargado de llevarnos a mirar los lugares que Mariel ya visitó, filmó, subió a YouTube y todas sus redes. Eso fue dos semanas antes de nuestra visita y ella asegura que ya han puesto vigilancia en cada pozo. Y así fue. Cada uno de los pozos a los que ella entró a investigar, ahora está con un sereno. Hacemos un gran rodeo por el barrio y terminamos parando arriba del puente que cruza el canal Sur, en el acceso que lleva a la ruta 38 hacia el norte de Tucumán. Dejamos la camioneta y nos metemos, literalmente, en el canal. Mariel nos ha provisto de botas de goma y de abrigos menos llamativos que los que llevamos. La consigna es que no nos pueden ver los que están en las plantas de tratamiento, porque van a apagar las bombas. El canal es realmente inmenso, y después de su tamaño te golpea el olor nauseabundo. Un aroma dulzón y a huevo podrido. A agua estancada. A pañales usados. Caminamos un largo trecho sobre un montículo de tierra que fue recientemente colocado en la zona, lo sabemos porque el barro está fresco. Como buenas exploradoras, vamos buscando en dónde, debajo de todo ese barro, está la salida de la planta. La encontramos. Está con apenas un poco de agua, pero nuestra guía nos advierte:

_Preparen la cámara que en cualquier momento comienza el show.

Pasaron unos minutos y empezó a brotar una pequeña catarata de agua servida, nauseabunda, que dejaba una estela desagradable a su paso. Mientras vemos salir el líquido, Mariel nos explica que la bomba se enciende cada 20 minutos. Del otro lado del canal está el pozo. Es subterráneo, no hay piletón, pero pensamos que si subimos un poco lograremos captar alguna imagen. Nos cuesta subir, las botas son buenas en el barro, pero no en la trepada entre matorrales. Llegamos y apenas vemos unas cañerías que entran y salen de unas tapas de cemento, pero nada más. No hay nadie adentro.

Nos alejamos para seguir andando.

La segunda planta que visitamos está en el barrio Parque Sur. Oscar no puede avanzar, porque el agua cloacal inunda la calle. Se estaciona dónde puede y llegamos con las botas chapoteando hasta el portón. Mariel había hecho un video ahí mismo dos semanas antes de nuestra visita. Sale un hombre que no nos deja avanzar. Dice que es el sereno. Le pregunto si podía hablar con el encargado y me contesta que solo vienen por la mañana, que son la gente de la SAT. Le pregunto si la plata está funcionando:

_Si, claro_ me contesta.

A simple, la planta parece un lugar abandonado. El césped está bastante alto, los portones abiertos y rotos. Ningún cartel que advierta la prohibición de entrada, solo uno que reza “Planta Depuradora – Barro CGT”. Todo a la vuelta es literalmente un rio de agua gris y negra, que se filtra por los caños de la bomba elevadora y desde las cámaras de inspección que están en la calle. Lo llamativo es que al frente funciona un centro de salud y hay un barrio habitado. La planta, a menos de cuatro metros, es un enorme foco infeccioso.

Recién ahí advierto la cara de nuestro chofer. Oscar tiene cara de frustración y enojo. Está decepcionado. Me dice que así vive él, “con la cloaca reventada dentro de su casa” y que hace dos años no sabe lo que es pasar las fiestas de fin de año allí, porque el olor no te deja comer. Que cuando hace calor es peor. Cuenta que compró la casa con mucho sacrificio y cree que hoy, en esas condiciones, nadie querría comprarla.

_Mirando todo esto, veo muy lejos la solución_ dice Oscar con la mirada perdida en esa calle, que parece una laguna de aguas oscuras.

Nos trepamos por un acceso lateral para bajar otra vez al canal Sur. Ahí vemos otra salida de agua que se acciona cada 20 minutos. La planta funciona, todo lo tira al canal, que cruza la ciudad de Tucumán para desembocar en el Río Salí. Y desde allí el río corre, con esas cargas, hacia Santiago.

Mariel es querellante en una causa penal contra la SAT desde el 2009. Su camino comenzó en el 2007, cuando no podía llegar al trabajo porque sus vecinos cortaban la calle. ¿El problema?, se mezclaba el agua potable, con las “aguas grises y negras”, porque los caños de la cloaca no dan abasto. No podían tomar el agua que salía de los caños en su casa. Muchos niños y niñas cayeron enfermos. Desde ese día, Mariel y su familia toman agua mineral.

Cuando le pregunto el por qué se hizo querellante, su respuesta es tajante:

_Me dijeron que, si quería tener acceso a la causa, debía serlo, así podría hablar con el juez, consultar pruebas, y esas cosas. Nunca hablé con un juez, la única vez que lo hice me inicio una causa. Y nunca me explicaron los costos que conlleva ser un querellante.

Su voz es la voz una persona enojada, frustrada. Pero en ningún momento se oye vencida.

2. El territorio

La cuenca Salí Dulce asienta sus riberas en cinco provincias: Catamarca, Córdoba, Salta, Santiago del Estero y Tucumán, y se relaciona con importantes centros poblacionales. Provee de agua para consumo, riego, y actividades industriales y recreativas. Es parte de ecosistemas de interés por su riqueza en biodiversidad como sus humedales considerados entre los más importantes de Argentina. También, existen zonas de yacimientos arqueológicos. Particularmente, en Santiago del Estero el Embalse Río Hondo fue construido para proveer agua para riego a más de 350.000 hectáreas, además de controlar las crecidas del Río Salí-Dulce y generar energía. Una faceta muy importante es la actividad turística en torno a la ciudad de Las Termas. También es muy importante la actividad pesquera.

Al largo de la cuenca, la calidad del agua se ve afectada por la contaminación por efluentes industriales, mineros, y cloacales no tratados correctamente. Y también por agroquímicos que llegan desde las zonas productivas. En el embalse de Río Hondo se suma la llegada de sedimentos que reducen su capacidad y que se producen como resultado del proceso de erosión relacionado a las actividades agrícolas y ganaderas, y procesos de urbanización y deforestación. También se da el fenómeno de eutrofización, que consiste en el desarrollo de ciertas algas por el ingreso excesivo de nutrientes. Por un lado, se produce la falta de oxígeno disuelto en el agua cuando las algas aumentan y se descomponen. Esto es lo que produce los fuertes olores en las zonas aledañas. También es frecuente en este contexto la aparición de cianobacterias, que afectan la salubridad del agua por su contenido en toxinas. Las cianobacterias del género Microcystis, por ejemplo, pueden producir muertes en la fauna silvestre y afectar seriamente la salud de personas, especialmente niños y ancianos.

3. Los abogados

Jorge Rocchia Ferro es dueño del Grupo Los Balcanes, que al año genera 150.000 toneladas de azúcar y 140.000 metros cúbicos de alcohol industrial: un cuarto del volumen total de esos dos productos en Tucumán. Está denunciado en causas de delito ambiental por la quema de cañaverales, y vuelco de vinaza en torrentes naturales, entre otras. Una de ellas es la que en 2022 aun lleva el Ministerio Público Fiscal de la Nación en Santiago del Estero, a cargo de la fiscal Indiana Garzón, que conduce la causa desde 2015 y cuenta con un equipo de jóvenes abogados, encabezado por el Pablo Álvarez,. Amelia Morales y Romina Daneri. La causa se inició por la denuncia penal de Oscar Sarrulle, ex camarista federal tucumano que vive en El Palomar, localidad santiagueña y fue querellante particular en representación de los vecinos del lugar. La causa ha pasado por distintas instancias, y llegó a un juicio oral y público que se encuentra en pausa, ya que la defensa de Rocchia Ferro pide nuevamente una probation y ofrece una reparación económica, a lo que la fiscalía se opone de manera tajante. Además, han decidido recusar al tribunal porque entienden que ya no son imparciales en el caso.

Garzón califica a Rochia Ferro como un “contaminador serial”, de grandes magnitudes y es necesario que su juicio se lleve a cabo.

­­_Como Ministerio Público, estamos dispuestos a un juicio abreviado_ dice la fiscal _Pero donde se puedan presentar pruebas y se dicte sentencia. Su compromiso del cese de contaminación debe quedar firme y resguardo para el futuro. Con una prisión en suspenso pensamos que sería suficiente, porque ante la comprobación de nueva acción de contaminación la prisión sería efectiva.

Para Pablo Álvarez, el derecho penal ambiental es nuevo y solo necesita un delito de peligro en abstracto. Según el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico de la RAE, es el tipo de delito en el que basta con que la conducta sea peligrosa en general para algún bien jurídico, aunque no llegue a ponerlo en peligro de lesión inmediata o próxima. En tanto que en el Código Penal Argentino, el artículo 379 inciso 2 dice que “tal peligrosidad puede ser tácita, sobreentendida de modo general o estadístico en esa clase de conducta”. En este tipo de delitos hay quienes sostienen que hay una presunción iuris et de iure de peligro, que no admite prueba en contrario y considera por ello delito de peligro presunto o de peligro hipotético; pero otro sector considera que el principio de ofensividad requiere que en esta clase de tipo la presunción de peligro sea iuris tantum: es decir, que admita la prueba en contrario en el caso concreto. En el caso contra Rocchia Ferro, puede cumplir lo que consideran ambos sectores.

Álvarez explica:

_Cuando tienes una actividad de producción, con un riesgo implícito, y te paras a mirar la actividad y no el daño, comienzas a observar al responsable de controlar esa actividad que es el Estado. Siempre el daño ambiental es un costo de producción que se externaliza a terceros. Porque si el productor invierte lo suficiente no genera el riego para el ambiente. Si no invierte, a este riesgo lo socializa. Es decir, lo soportan terceros y no el que lo genera. En vez de bajar el rédito de la producción, ha externalizado el costo del riesgo.

La Argentina se convirtió en productora de bioetanol y eso trajo un costo de producción que no todos están dispuestos a pagar, entonces lo “socializan” volcando la vinaza a los efluentes naturales.

_El poder económico es un monstruo, que no tiene otra ideología que la ganancia por la ganancia misma, lo que no está mal_ advierte Álvarez _Lo que está mal es la externalización de los costos a un tercero.

_¿Y cuál debería ser entonces la respuesta del estado? ¿Debería vigilar para que esto no pase? Porque aparentemente la respuesta de estado viene como reacción a las quejas y denuncias de los vecinos, y ahí la provincia actúa en consecuencia.

_Sí_ me contesta Álvarez _Y ahí no debemos obviar el papel fundamental de la Defensoría del Pueblo, que no solo denunció, sino que montó un dispositivo de control.

La Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero se creó en 1996 con el objetivo de impulsar investigaciones que protejan el derecho ambiental frente a la contaminación que recibía la Cuenca Salí Dulce aguas arriba. Recién en el 2007 pudo lograr que las autoridades propusieran un “Plan Integral de la Cuenca Río Salí Dulce”. Y en el 2010 ocurrieron al menos dos eventos de una gran mortandad de peces. Las fotos de montículos de peces muertos que se amontonaban a las orillas del río y del embalse llegaron a los diarios, y ahí el caso llegó la justicia.

La Defensoría trabajó junto a la Fiscalía de Estado de la Provincia de Santiago del Estero, que se presentó en dos frentes: por un lado, una denuncia en la Justicia Federal por el posible delito ambiental; por otro, una acción ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante cuatro acciones de amparo ambiental contra diez ingenios azucareros tucumanos sospechados de causar la contaminación del Embalse de Río Hondo, solicitando a la Corte el cese de la actividad contaminante.

Esta acción promovió que se firmara un acuerdo entra la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y los gobiernos de Tucumán y Santiago. Sus principales puntos fueron: la prohibición del vuelco de vinaza y cenizas, la recuperación del agua del lavado de caña, el impulso de nuevos convenios de reconversión industrial, el establecimiento de mejores mecanismos de control, fiscalización y prevención, y la institución de procedimientos de participación ciudadana.

Es así como el 2012 se puso en marcha el Programa de Monitoreo Permanente de los principales efluentes tributarios del Embalse de Río Hondo. Su objetivo era detectar en tiempo real los posibles vertidos industriales prohibidos.

Hablé con Sergio Zaltz, director del Instituto de Investigación y Desarrollo Aplicado de Hidrobiología (IIDAH), a cargo del monitoreo. Me contó que el trabajo se realiza los 365 días del año y se presenta un informe trimestral ante la Corte, como parte de un acuerdo que establece que, si se detectara cambios en la composición, como los valores del pH, oxigenación, coloración (rojo para vinaza, negro para ceniza, por ejemplo), material en suspensión, estado de vegetación en las márgenes, etc.;  se emite una alerta. Se identifica la fuente del vuelco y se le da aviso inmediato al Coordinador del Monitoreo Permanente. Este se contacta con autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente de Tucumán, quienes se harán presentes en el ingenio como autoridad de aplicación local y se procederá con acciones correspondientes: labrado de actas, aplicación de multas, o clausura.

Empleados de la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero me confirmaron lo de las tomas de las muestras para el monitoreo, pero no logré que me atienda su titular, Lionel Suárez. Las preguntas serían sobre el estado de las causas que se iniciaron en 2006 contra los ingenios y por el vuelco de efluentes cloacales; por las acciones concretas como denuncias penales, prontos despachos, presentación de pruebas, etc. Preguntas que, por ahora, quedan sin respuestas.

4. Legisladores

José Fares Ruiz y Anita Loto son dos ex ediles del Concejo Deliberante de Termas y activos querellantes han impulsado una gran cantidad de causas judiciales. Una por delitos ambientales en contra de Minera la Alumbrera que data de 1997. Y algunas cuantas más contra funcionarios tucumanos: contra el secretario de Medio Ambiente, Alfredo Montalbán y el ministro de Producción, Jorge Gassenbauer. También contra la SAT y contra ingenios y citrícolas des esa provincia.

Anita Loto sigue las causas desde su casa y su abogado se encarga de la actividad presencial. Me cuenta que hace siete años que no puede darle al abogado “ni para fotocopias”. Anita se ha quedado sin trabajo y sufre un gran deterioro físico y emotivo por haberse convertido en querellante. Tanto que se niega a recibirme:

“No me gusta que me vean así – me escribe por WhatsApp – a mí me dejaron sin trabajo y mucho tuvo que ver alguna mano negra con poder para frenarme. Me enfermé y mucho. El estrés me desarmó y estuve en insolvencia económica hasta ahora. No tengo ni para los medicamentos. Me destruyeron. No es de arriba meterse en éste baile”.

Fares Ruiz, por su parte, impulsó causas judiciales por la contaminación, que tuvieron la adhesión de productores que tenían sus tierras en el perilago y a las que se le morían los animales por tomar el agua contaminada. Estas causas pasaron a archivo, porque no se podía resolver el conflicto de jurisdicción: nadie se ponía de acuerdo si había que actuar donde se originaba el delito (Tucumán) o donde se causaba el daño (Santiago).

En el año 2005, Fares Ruiz ingresó en la Cámara de Diputados de la Provincia y promovió en octubre de ese año una protesta masiva sobre el terraplén del embalse: cientos de vecinos posaron en una foto aérea con un texto de S.O.S. Presentó después varios proyectos, resoluciones y decretos; aprobados, de seguimiento y observación al control interjurisdiccional; además de adhesiones a leyes nacionales sobre el cuidado de la riqueza ictícola, la flora y la fauna silvestre. También acompaña a colegios termeños a protestas en Tucumán por la contaminación del lago. En 2022 ya no ocupa cargos electivos, pero sigue trabajando en la visibilización de los delitos ambientales que ocurren en la ciudad de Termas de Río Hondo.

5. El fiscal

_¡Sean querellantes!

Para el fiscal federal de Tucumán, Gustavo Gómez, esa es la salida. A mediados de 2022 lo escucho hacer el pedido con vehemencia en un aula de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, donde se desarrolla un encuentro de la Cátedra Libre Laudato Si, en la que se trató la contaminación de la cuenca Salí Dulce.

Antonio Gustavo Gómez, originario del sur argentino, abogado de profesión, ha iniciado más de noventa causas iniciadas por delitos ambientales. Algunas lograron condenas. Fue el fiscal quien reabrió una denuncia que había presentado el ex gobernador Carlos Juárez entre el 1998 y 1999 por el delito de contaminación de la cuenca Salí Dulce. La causa tiene como acusados a numerosas empresas de distintos rubros, incluso al gobierno de Tucumán por la contaminación de las aguas que desembocan en el Embalse de Río Hondo. En el año 2001, cuando llegó como fiscal a Tucumán, Gómez se encontró con esa causa y tomó la decisión de separarla en partes y promover así, entre otros, el juicio al empresario tucumano Jorge Rocchia Ferro. La causa original ya hablaba de una contaminación por efluentes cloacales crudos que vertía Tucumán al Rio Salí. Al respecto, Gómez sostiene que los funcionarios santiagueños nunca hicieron nada para frenar esto:

_Todo lo contrario, los protegieron: el Defensor del Pueblo y el Comité de la Cuenca han planificado medidas, han salido en los diarios manifestando preocupación, pero no se hace nada.

Gómez hace referencia a los recursos de amparo presentados ante la justicia federal que llevan diez años parados. Por eso insiste en iniciar demandas penales y pide querellantes.

Muchos de los grupos ambientalistas de Argentina se reúnen en distintas ciudades y dan batalla, pero no recurren a la justicia. Entre ellos, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, advierte Gómez:

_Constituirse como querellante es pasar a ser un fiscal de la causa, pero los ambientalistas argentinos no confían en el sistema de justicia. Pero ahí tenemos el ejemplo de la Minera La Alumbrera, luego de muchos años se fue. Dijeron que no había garantías en el sistema judicial para invertir en Argentina, y ya habían invertido unos miles de millones. El sistema de justicia funcionaría mejor, si el ciudadano de a pie se involucrara más, si hubiera más querellas penales iniciadas por ellos.

Como fiscal general encontró una resistencia de los fiscales en primera instancia a investigar crímenes ambientales, entonces trabajó con lo que se conoce como “investigaciones preliminares”. Por ejemplo, venía un policía y le comunicaba que había quema de cañaverales, entonces él iniciaba una causa penal:

_Lo enviaba a la primera instancia. Si el cañaveral era de alguien importante, generalmente lo pasaban a la justicia provincial, era así y aún hoy sigue siendo así.

Las causas penales sufren distintos avatares: algunas se archivaron, otras llegaron a juicio oral y público, en unas cuantas se lograron condenas. Gómez define a esas condenas como “un golpe a la conciencia de los empresarios que se dan cuenta que pueden quedar presos”. En ningún caso hasta hoy hubo prisión efectiva, la mayoría son condenas con prisión en suspenso. Pero si hubiera una próxima, si o si irían a prisión.

6. Una historia que no termina

Las historias de las personas que se ven envueltas en los delitos ambientales en contra de la cuenca Salí Dulce son muchas. Las que contaminan, las que denuncian la contaminación y las que procuran que se deje de contaminar. En el medio quedan aquellas que deberían velar que no se contamine, como los funcionarios encargados de áreas sensibles al tema. Para el fiscal Gómez, “detrás de un delito ambiental, hay un funcionario corrupto que lo permite”.

Para nombrar un caso, el ejemplo es el secretario de Medio Ambiente de Tucumán, Alfredo Montalbán, quien está procesado en distintas causas judiciales por delitos ambientales y no solo sigue en su cargo, sino que fue reconocido por sus pares por su “amplia trayectoria” y por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenido de la Nación, Juan Cabandié en el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA). Otro es Alfredo Calvo, ex titular de la SAT, que sigue en juicio por los derrames cloacales; hoy es parte del ministerio de Economía de Tucumán.

Fernando Baratelli y Augusto Guraib, quienes sucedieron a Calvo en la SAT, reconocieron en varias oportunidades que es millonaria la suma que se necesita para arreglar y hacer un nuevo sistema cloacal que pueda ser suficiente para una población tucumana que no para de crecer.

El Dr. Gustavo Gómez y la Dra. Indiana Garzón concuerdan que hoy la diferencia la puede hacer la justicia, y aunque sus tiempos son largos y los “delincuentes lo saben y juegan con eso”, es posible lograr condenas ejemplares.

Hoy está de moda ser ambientalista o reciclador. Las universidades tienen espacios para discutir y generar proyectos ambientales. ¿Pero qué se hace realmente? ¿Por qué no se cumplen las leyes? Los gobiernos actuales tienen ministerios de Medio Ambiente, Secretarías, Direcciones, en concreto: ¿Qué hacen por resguardar el medio ambiente y con los que violan sistemáticamente las leyes?

Las preguntas que quedan son muchas y el camino fuimos descubriendo personas que buscan respuestas y acciones más contundentes.

*Daniela Cordero es técnica en Comunicación Social. Trabajó en distintos medios gráficos y radiales de Santiago del Estero, y en distintas áreas de prensa del gobierno de la provincia. Es miembro del grupo Comunicadoras Feministas de Santiago del Estero. Actualmente trabaja en la Subsecretaria de Comunicación de la UNSE, es productora audiovisual y social media manager. Fue finalista con este texto del Primer Concurso Santiagueño de Periodismo en Profundidad.